La problemática de las comunidades como la de Tierralta, o grupos sociales que son desamparados por la ley, el gobierno, estado y entidades que deben proporcionar la protección de los ciudadanos en todos sus ámbitos como la sanidad, la vivienda, nutrición, servicio de salud, familia y educación principalmente, ocasionan que estos individuos recurran a actos de violencia, sin embargo, lo que nos plantea Julio Cesar Augusto Collante es todo lo contrario, a pesar de las condiciones con las que esta población está creciendo no presentan un índice de recurrencia a la violencia de diferentes formas.

El peso de la balanza de la violencia se inclina hacia esta población debido a que los grupos guerrilleros del país, para-militares, o grupos al margen de la ley, se posicionan y colonizan estos terrenos. Sumado a esto, la ausencia de presencia del estado favorece a que el territorio o comunidades estén suprimidas por un monopolio, el que logre encontrar el poder es el encargado de explotar las tierras, las riquezas, mano de obra y subvalorar estos tres elementos.

Ahora bien, cuando el gobierno interviene sobre estos límites territoriales lo hace con el fin de garantizar la estabilidad institucional y restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la “protección” de la población civil, apoyado por campañas de reorganización de estos grupos al  margen de la ley para que se reintegren al resto de la sociedad, claro está con algunas condiciones y restricciones.